Con esta pregunta Carmen nos invita a reflexionar sobre las distintas implicaciones cuando se elabora una falsa afirmación sobre unos hechos con una intención clara de perjudicar a terceras personas.

El pasado 3 de abril de 2013 se escuchó “¡Albricias!” en el Juzgado de Plaza de Castilla, allí nos encontramos “Hortaleza People” y muchas otras personas de otros maravillosos barrios de Madrid. Por desgracia el motivo de nuestro encuentro fue la citación a un juicio de faltas por una denuncia de algunos profesionales de la Policía Nacional. La acusación consistía en “insultos a la policía”, sobra decir que dichos insultos nunca se produjeron, y este es el ejemplo que deseo ofrecerles para entender la razón de mi pregunta inicial.

¿Por qué unos profesionales que supuestamente defienden los derechos de la ciudadanía optan por perjudicarla? ¿Dónde está la responsabilidad y la dignidad de aquellos profesionales cuando después de mentir no comparecen ante la ciudadanía y la Justicia? ¿Cómo es posible un sistema judicial que permite que unas personas acusen falsamente a otras y no haya consecuencias para las primeras? ¿Cuáles son las causas que generan la falsedad de unos hechos?

Si partimos de una hipótesis como el cumplimiento de órdenes dichos profesionales podrían argumentar que apoyan las decisiones de sus superiores y, por tanto, obedecen dichas órdenes. Sin embargo, esta argumentación que ya fue utilizada en el siglo XX por diversos militares en una ciudad alemana, nos permite darnos cuenta que no es una razón suficiente y válida. Considero que es una razón frágil ya que las personas antes de ser profesionales somos PERSONAS, ¿qué quiere decir? Que aquello que nos define como seres humanos es, entre otros elementos, la conciencia.

Dicha conciencia nos permite distinguir y definir nuestras acciones, todas las acciones de nuestra vida cotidiana tienen consecuencias, pero algunas tienen mayores impactos en terceras personas y, son éstas, las que articulan la Ética. Por supuesto, que la Ética también ocupa y preocupa a cada persona individualmente, pero en estos momentos voy a centrarme en las repercusiones de las acciones a varias ciudadanas y ciudadanos, aunque posteriormente mencionaré algún aspecto a nivel individual.

Ahora bien, la conciencia nos permite evaluar qué debemos o no debemos hacer, y cuando existe incoherencia entre nuestra conciencia y nuestra obediencia a unas normas es cuando cada ser humano debe ser valiente y decidir. Pienso que estos profesionales no fueron valientes ya que cumplieron una orden siendo conscientes que su denuncia era falsa y, en ese momento su conciencia se quedó dormida.

Además de verse afectada su conciencia y su ética profesional, estos hechos expuestos me han mostrado que otras consecuencias son el tiempo y el dinero que se ha despilfarrado. También hay que pensar en el equipo de profesionales del juzgado que ha tenido que gestionar esta falsa denuncia y el día del juicio que en vez de ser empleado el tiempo en casos reales se ha perdido con un caso ficticio. Y no puedo evitar preguntarme, ¿quiénes lo pagan? La ciudadanía, toda, no sólo las personas injustamente calumniadas, porque no debemos olvidar que el sistema judicial lo pagamos todas y todos.

Por otro lado, la búsqueda de la verdad y la solidaridad entre las personas y colectivos durante estos meses ha sido ejemplar y me ha servido para ser cada más consciente que este mundo se transforma con personas valientes. En ese sentido, quiero agradecer a todas las personas que han estado pendientes de todo este absurdo teatro, de verdad, infinitas gracias.

En conclusión, contribuir a dañar a la ciudadanía perjudica gravemente la salud de la conciencia y ella es una de las claves para saber quiénes somos y sobre todo, si pretendemos ser buenas personas no debemos olvidarlo.

Carmen Bengoechea Bernal